A fines de febrero de este año, el fiscal Guillermo Marijuan recibió una denuncia que describía algo más que una interna sindical. José Voytenco, titular de la Uatre, acusó al diputado Pablo Ansaloni de haber impulsado un “plan criminal” para intervenir el gremio y quedarse con el control de su obra social, Osprera. En ese mismo escrito se señalaba al operador Fernando Antúnez como pieza clave del armado: había sido parte de la gestión de Ramón Ayala y mantenía vínculos activos dentro del sistema gremial.
PAíS | 5 SEP 2025
UN PLAN, UNA CAJA Y LAS TRES CAUSAS DE MARIJU
Osprera, Uatre y Suizo Argentina
El fiscal federal investiga un entramado de poder, negocios y vínculos libertarios que empieza en la interna de un gremio rural y termina en 193 facturas millonarias.
Según la hipótesis del expediente, la estrategia consistió en generar las condiciones para una intervención estatal. En agosto de 2024, ese objetivo se concretó: el Gobierno desplazó a las autoridades elegidas por voto gremial y puso a Osprera bajo control directo de la Casa Rosada.
Poder personal, alianzas nuevas
Antúnez, una figura que rara vez aparece en los organigramas formales, no perdió influencia tras la muerte por coronavirus de Ayala, en 2020. Su nombre volvió a circular en los pasillos cuando se conoció que era pareja de Salomé Jalil Toledo, hoy diputada bonaerense. Se conocieron cuando ella trabajaba en la mesa de entradas del Ministerio de Seguridad, bajo la gestión de Cristian Ritondo durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
En 2023, Jalil Toledo fue candidata a legisladora por la Cuarta sección electoral, segunda en la lista de La Libertad Avanza. Resultó electa y accedió a su primer cargo público. Poco después de asumir, se alejó del bloque oficial y conformó el espacio disidente “Libertad por siempre”, junto a diputados del Partido Renovador Federal. Más tarde se integró al nuevo bloque “Unión, renovación y fe”.
El negocio detrás del desplazamiento
Con la intervención ya consolidada, llegaron los nombres nuevos. Primero Virginia Montero. Luego, Marcelo Carlos Petroni, abogado con vínculos con Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia y operador clave de Karina Milei.
Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, Osprera giró más de $7700 millones a la droguería Suizo Argentina, una firma ahora investigada en la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) por supuestas coimas. Según documentación interna, se pagaron 193 facturas bajo un esquema de compras directas y convenios capitados para medicamentos oncológicos y tratamientos de alto costo.
El flujo fue constante. En noviembre se pagaron $667 millones. En diciembre, $2500 millones. En enero, $1395 millones, con un récord de 101 transferencias. Febrero cerró con $629 millones y marzo con $2491 millones.
El 23 de enero, Petroni firmó un acta con Suizo Argentina que oficializó un plan de pagos sobre la deuda acumulada hasta diciembre. La empresa garantizaba el abastecimiento; Osprera prometía cancelar las nuevas facturas en 60 días. Según reconstruyó el diario La Nación, la deuda actual se acerca a los $3000 millones.
Desde la conducción, afirman que recibieron un pasivo de $97.000 millones y lograron reducir a la mitad el gasto corriente. Negaron trato preferencial a proveedores.
Una firma, un socio y una advertencia
La causa suma otro actor: HTech Innovation, empresa fundada por Sergio Andrés Aguirre, socio de Martín Menem en TR Nutrition. Según documentos oficiales, HTech comenzó a trabajar con Osprera en noviembre de 2024 y facturó más de $47 millones en los primeros meses. El contrato mensual vigente asciende a $16 millones.
Marijuan accedió también a mensajes de WhatsApp entre Petroni y Aguirre. En uno de ellos, el interventor escribió: “Eso lo tiene que saber Martín y Lule”. En otro, fue más directo: “Nosotros somos Lule y Karina”.
El Gobierno había emitido el decreto 1045/24, que establece una guía de buenas prácticas para interventores. Allí se prohíbe explícitamente el pago de deudas anteriores sin una auditoría que verifique su legitimidad. La Justicia intenta ahora establecer si esa norma fue ignorada en los acuerdos con Suizo Argentina.
Un fiscal, tres causas
Marijuan no investiga un hecho aislado. Las 193 facturas de Osprera a Suizo Argentina, el escándalo de los medicamentos en la Andis y la maniobra para intervenir la Uatre podrían formar parte del mismo entramado. El fiscal sigue cada pista como parte de una secuencia donde el poder sindical, el control estatal y los negocios con medicamentos se enlazan con nombres propios, transferencias millonarias y vínculos que alcanzan el corazón del oficialismo libertario.
